“¿Prefiere que me dedique a este negocio o que venda drogas para el transa del barrio?”, le respondió a LA GACETA Claudio, uno de los tantos tucumanos que comercializa aves silvestres por las redes sociales.

- ¿Sabía que capturar y vender aves también es un delito?

- Bueno, pero no es lo mismo. Además, no le hago daño a nadie, no lastimo. Estas aves se reproducen rápido y siempre habrá. Tampoco es tan grave.

- Pero está atentando contra el medio ambiente…

- Trabajo y mi señora tiene un plan social desde hace poco tiempo, con eso no me alcanza para vivir. Esto lo hago para poder llevar algo más de plata para poder sobrevivir hasta fin de mes.

Claudio aprendió a atrapar aves cuando acompañaba a su abuelo y a su padre a los montes de la zona de Santa Rosa de Leales. Lo hacía para llevar especies cantoras a su vivienda de San Cayetano con el único propósito de no extrañar tanto los amaneceres rurales de su infancia y gran parte de su juventud. Pero sus descendientes descubrieron la veta comercial de esta actividad. Hoy hay centenares de tucumanos que se dedican a esta actividad ilegal. Son apenas pequeños engranajes de una maquinaria que moviliza millones. A nivel mundial, según la el tráfico de animales es el cuarto mayor delito, detrás del narcotráfico, la falsificación y la trata de personas.

“En nuestras investigaciones descubrimos que hay todo un sistema de comercialización que afecta desde Salta hasta Santa Fe. En algunas causas, al tratarse de un delito nacional, tenemos que declinar la competencia y enviarla a la Justicia Federal”, aseguró la fiscala Alejandra Navarro.

BUSCADOS. Los cardenales amarillos están en peligro.

En lo que va del año, personal de la División Delitos Rurales y Ambientales realizó varios procedimientos. En total se secuestraron más de 1.000 aves. Decomisaron ejemplares de cardenales, cardenales amarillos (declarado en vía de extinción), jilgueros, reinas moras y rey del bosque, entre otras especies silvestres.

La escala de valores que se manejan en el mercado negro es sorprendente. Un trampero cobra entre $ 3.000 y $ 5.000 a los vendedores para entregarles los animales. Estos comercializan los pájaros a entre $ 7.000 y $ 10.000. Si las aves cantan, el costo mínimo llega a ser de $ 40.000. Estas son cifras que se manejan en nuestra provincia y en el NOA, pero en las grandes urbes, esos montos hasta se triplican. En Buenos Aires, por ejemplo, un amante del canto de estos animales puede pagar entre $ 120.000 y $ 150.000.

Navarro sostiene que el daño puede ser mucho mayor. “El problema radica en que a las aves las tienen encerradas en pésimas condiciones. Hacinadas en una jaula y mal alimentadas. Muchas de ellas no sobreviven hasta que son ingresadas al circuito ilegal de comercialización”, indicó la representante del Ministerio Público.

DESCUIDADAS. Las aves son mantenidas en pésimas condiciones.

“Nos sorprendemos por este delito”, reconoció el comisario Nicolás Marchán, uno de los especialistas en la lucha contra esta actividad ilícita. “A muchos les puede parecer una cuestión menor, pero están atentando contra el medio ambiente, el futuro de las próximas generaciones y por eso estamos actuando”, añadió.

En uno de los últimos procedimientos realizados por los Policías, que actuaron bajo las órdenes de los comisarios Silenio Castaño, Javier Alderetes y Ariel Galván, detectaron a dos santiagueños que transportaban en un camión especialmente acondicionado más de 50 aves. Les secuestraron sus celulares para analizar y avanzar con la pesquisa en contra de una organización que, al menos, tendría alcance regional.

Cambios

Hasta hace no mucho tiempo atrás, capturar y luego comercializar aves silvestres no era considerado un delito, sino una infracción. El autor sólo debía pagar una multa que le imponía Flora y Fauna. Navarro confirmó que el Ministerio Público Fiscal, al corroborar el creciente número de casos, comenzó a estudiar cómo combatir la actividad ilícita. Encontró en el artículo 27 de la Ley 27.241 la manera de perseguir penalmente a las personas que se dedican a esta actividad. Esa norma establece una pena de un mes y de hasta un año para las personas que “transpostare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiera en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación”. Las penas pueden ser de cumplimiento efectivo si los acusados son sorprendidos con ejemplares de especies protegidas o si forman parte de una organización. “El problema es que los grandes grupos actúan de manera interprovincial, por lo que el delito ya es federal y mucho no podemos avanzar”, comentó Marchán.

Gran aporte

Navarro también reconoció que en los tiempos también hubo un cambio de mentalidad. “En esta fiscalía, por el interés que tiene varios empleados, comenzaron a prestarle mayor atención a los casos. Lo mismo ocurre con los tucumanos en general, ya que son varias las personas que brindan información clave para una investigación”, detalló.

Marchán comentó que ellos inician cada vez más expedientes por la información de vecinos y de ocasionales clientes de las ferias populares que se hacen en distintas ciudades del interior de la provincia. También informó que en las redes sociales también consiguen información valiosa para ir detrás de los autores. “Una persona descubrió de casualidad que un joven estaba en un grupo de WhatsApp de venta de aves. Sacó todos los datos y después lo compartió. Así logramos secuestrar más de 100 ejemplares”, indicó el comisario.

Navarro dijo que varios de los expedientes que se iniciaron fueron cerrados con soluciones alternativas. “Los acusados acordaron hacer reparaciones. En la mayoría de los casos, donaron dinero a las fundaciones que luchan por la protección de los animales y que son los que nos colaboran para liberarlos si es que están en condiciones. Pero sólo pueden acceder a una oportunidad, después pueden ser condenados”, finalizó la fiscala.

Otra modalidad: en un operativo secuestraron más de 50 sábalos y 22 flamencos faenados

“La verdad es que nos sorprendemos con las cosas que encontramos. Hay personas que no tienen límites”, señaló el comisario Javier Alderete. Utilizó esas palabras para definir uno de los tantos procedimientos que realizaron en las últimas horas.

En un paraje conocido como Palomino, los hombres de Delitos Rurales y Ambientales descubrieron a un grupo de personas que trasladaban más de 50 sábalos que habían sido capturados con redes y 22 flamencos faenados.

“Al parecer los sacrificaron esa aves para consumirlas, mientras que los pescados seguramente eran para la venta”, añadió el funcionario policial.

El sábado, en Burruyacu, en otro control, también descubrieron que un grupo de cazadores trasladaba en una camioneta siete corzuelas muertas, una especie que está protegida por las normas provinciales y nacionales. En ambos casos, las autoridades secuestraron las armas que utilizaron los infractores para matar a los animales.

“El furtivismo es un problema serio. No sólo pone en riesgo los ecosistemas, sino que además la salud de la población. Muchos de las especies capturadas son para la venta callejera sin ningún tipo de cuidado”, destacó el comisario Nicolás Marchán. El funcionario policial señaló que hay organizaciones que también están atentando contra la fauna ictícola. “Muchas veces les secuestramos los elementos que utilizan, pagan la multa y siguen haciendo lo mismo”, explicó. “Desde hace bastante tiempo que estamos buscando las herramientas legales para poder frenar esta actividad que está generando un daño importante al medio ambiente de la provincia”, finalizó.